Shogakukan admite fallos graves tras la investigación sobre Manga ONE y refuerza su política de derechos humanos

La situación en Shogakukan ya no cabe debajo de la alfombra. La editorial japonesa ha reconocido, tras una investigación externa, que su departamento de Manga ONE funcionó con graves fallos de gestión y de respeto a los derechos humanos. El informe pone el foco en un caso especialmente delicado relacionado con el mangaka Shōichi Yamamoto. Y sí, el mazazo ha sido serio. De esos que no se arreglan con una taza de café y una reunión rápida.

Un informe que señala un problema de fondo

La comisión independiente recibió un total de 44 testimonios e incidentes reportados durante la investigación. Entre ellos hubo sospechas de conducta sexual inapropiada, abusos de poder por parte de altos cargos y comportamientos indebidos de editores hacia creadores. Algunas respuestas de la empresa fueron correctas. Otras, no tanto. Más bien, fueron el tipo de respuesta que llega tarde y con el papel arrugado en la mano.

El punto más grave es este: la investigación concluyó que, en ciertos casos, la editorial priorizó decisiones editoriales incluso cuando existían indicios de vulneración de derechos humanos. Además, la coordinación entre las áreas editorial, legal, administrativa y de gestión no funcionó como debía. Vamos, que el engranaje chirriaba más que una puerta vieja en un piso de Murcia en agosto.

La comisión fue todavía más dura con el tratamiento del caso de la víctima vinculada a Yamamoto. Según sus conclusiones, Shogakukan “encouraged and supported” la violación de sus derechos humanos. Una formulación que pesa como un yunque.

Qué admite Shogakukan en su propia revisión

La propia empresa reconoció que no contaba con suficiente conciencia sobre la necesidad de mirar estos asuntos desde la perspectiva de las víctimas. También admitió carencias en la prevención de abusos, en la detección de riesgos derivados de relaciones de poder entre editores y autores, y en la toma de decisiones a nivel corporativo cuando existen riesgos importantes. En otras palabras: faltaba vista larga y sobraba confianza en que el problema se arreglaría solo. Y los problemas, como sabemos, no se evaporan por arte de magia.

Como respuesta, la cúpula directiva verá recortados sus salarios durante tres meses. El presidente reducirá su sueldo en 50%, mientras que otros miembros de la dirección asumirán recortes de entre 20% y 30%. No es una solución total, pero sí una señal de que el golpe ha tocado la mesa del consejo.

Las medidas que quiere aplicar la editorial

Shogakukan ha preparado un paquete de reformas para traducir las recomendaciones del comité en acciones concretas. La empresa insiste en que quiere transformar su cultura interna, su formación y su gobernanza. Dicho sin rodeos: quiere dejar de conducir mirando solo el retrovisor.

Política de derechos humanos y comité específico

La editorial ya redactó una Shogakukan Human Rights Policy y planea crear un Human Rights Committee con participación de expertos externos. Este comité estará presidido por la senior managing director Kumiko Hanazuka. Su misión será prevenir, reducir y corregir violaciones de derechos humanos dentro de la compañía.

Más formación y cambio de cultura corporativa

La compañía implantará cursos regulares sobre respeto a los derechos humanos, prevención de violencia sexual, acoso, apoyo a víctimas y uso correcto de los canales de denuncia. Los responsables de equipo tendrán además una formación aparte sobre supervisión y orientación. También se elaborarán directrices para tratar con colaboradores externos y se ofrecerán seminarios a escritores, autores y freelancers.

Los datos ayudan a entender la magnitud del asunto: en los últimos años, el sector editorial japonés ha estado bajo una presión creciente para reforzar sus protocolos de cumplimiento y prevención. Cuando una empresa cultural falla aquí, no solo pierde reputación. Pierde confianza. Y la confianza, como el buen papel, no se recompone con una impresión barata.

Nuevo sistema para trabajar con creadores externos

Shogakukan revisará su política de derechos humanos con los creadores externos y añadirá cláusulas específicas en los contratos. Si surge una sospecha de vulneración, se activará una cadena de decisión clara entre los departamentos editorial, legal y administrativo. Ellos determinarán si la relación profesional debe continuar o no.

Más control interno y supervisión real

El consejo de administración recibirá informes periódicos sobre violaciones de derechos humanos. Además, cuando se detecte un caso, la compañía revisará si hubo incidentes parecidos en otras divisiones. Las decisiones pasarán por la Risk Management Office, el Human Rights Committee y el departamento legal antes de que la dirección valide el resultado.

Según la gravedad del asunto, también se crearán comités de respuesta especial o de emergencia. Mejor tarde que nunca, aunque en este tipo de casos “tarde” sigue siendo una palabra incómoda.

Canales internos de denuncia más seguros

La editorial establecerá un sistema de reclamación alineado con los UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Este mecanismo incluirá la opinión de expertos externos, permitirá denuncias incluso de personas sin vínculo contractual directo con la empresa y protegerá el anonimato. También se reforzarán las medidas de protección tras denunciar. En casos de agresión sexual, habrá un protocolo específico con apoyo psicológico para las víctimas.

La empresa también se ha comprometido a revisar de forma continua la eficacia de estas medidas. No basta con poner una placa en la pared. Hay que hacer que el sistema funcione cuando llega la primera grieta.

El caso Yamamoto y el origen de la crisis

La investigación no nace de la nada. En febrero, el Sapporo District Court ordenó a un hombre pagar 11 millones de yenes a una mujer de unos veinte años que denunció haber sufrido abusos sexuales y violaciones por parte de Yamamoto cuando era estudiante de un instituto a distancia en Sapporo. La demanda civil se había presentado en julio de 2022.

Más tarde, otros medios señalaron que el acusado era el mismo Shōichi Yamamoto que firmó el manga Daten Sakusen. Además, en otro caso penal de 2020, se le condenó por violar la ley japonesa contra la prostitución y la pornografía infantil, con una multa de 300,000 yenes.

La víctima recurrió la resolución civil porque el fallo inicial no reconocía la responsabilidad del centro educativo. Demandó a Yamamoto, al personal docente y a la corporación educativa que gestionaba Hokkaidō Geijutsu Kōkō Sapporo Satellite Campus. Es un recordatorio de que, a veces, el problema no está en una sola pieza. Está en toda la maquinaria.

El efecto dominó en Manga ONE

Yamamoto serializó Daten Sakusen en Manga ONE desde febrero de 2015. La obra entró en pausa en 2020 y fue retirada de la plataforma en 2022. Pero el asunto no terminó ahí. En 2022, Manga ONE publicó Jōjin Kamen, atribuido a Hajime Ichiro como guionista y Eri Tsuruyoshi como dibujante, aunque el nombre de Hajime Ichiro correspondía al propio Yamamoto.

Tras la polémica, la plataforma suspendió la distribución digital de Jōjin Kamen y también el envío de sus tomos físicos. La editorial admitió que no debió contratar a “Hajime Ichiro” como autor original. Una admisión que llega con eco y con una sombra larga sobre el departamento.

Durante las negociaciones del acuerdo civil, un editor de manga participó y recomendó que se recurriera a un abogado para preparar la documentación notarial. También se informó de que sugirió incluir una cláusula para impedir que la víctima hablara del caso y propuso un pago de 1.5 millones de yenes. Ese detalle terminó de encender la mecha.

La reacción del sector y los cambios posteriores

Tras las declaraciones de Manga ONE y Shogakukan, muchos creadores de manga criticaron públicamente a la editorial. Algunos incluso amenazaron con retirar sus obras de la plataforma. La presión fue tal que la ceremonia de los ganadores de los 71st Shogakukan Manga Awards, prevista para el 3 de marzo, fue aplazada.

La editorial ya venía arrastrando otra crisis anterior. En marzo, Shogakukan anunció una investigación interna sobre el proceso con el que se contrató al creador original de Seisō no Shinri-shi, obra serializada en Manga ONE. Detrás del seudónimo Miki Yatsunami estaba Tatsuya Matsuki, autor de act-age, detenido y procesado en 2020 por un acto indecente coercitivo contra una estudiante de secundaria.

La empresa explicó que el seudónimo se eligió para evitar una nueva victimización de las afectadas. Pero también reconoció que el equipo editorial debió analizar mejor si esa decisión estaba realmente pensada en interés de las víctimas. Como quien pone una venda, pero se olvida de limpiar la herida.

La serialización de Seisō no Shinri-shi quedó suspendida temporalmente.

Qué viene ahora para Shogakukan

La editorial asegura que publicará el documento completo de medidas preventivas en inglés y que seguirá revisando su eficacia. En teoría, el plan es claro. En la práctica, el reto es más duro: demostrar que la cultura interna ha cambiado de verdad.

Para nosotros, este caso deja una lección incómoda pero necesaria: un gran catálogo no inmuniza contra una mala gestión. Ni siquiera en una industria que vive de historias bien contadas. Cuando la realidad se cuela por la rendija, el manga deja de ser un refugio y se convierte en espejo.

Seguiremos atentos a la evolución de estas reformas. Y conviene hacerlo. Porque si la industria quiere conservar la confianza de lectores y creadores, tendrá que demostrar que ha aprendido algo más que a redactar comunicados.

¿Tú qué opinas? ¿Crees que estas medidas llegarán a cambiar de verdad el funcionamiento interno de la editorial? Cuéntanos tu punto de vista y sigamos de cerca este caso.